En menos de un mes hemos sido testigos de un revés estratégico por parte de la administración del gobernador Luis Fortuño con respecto a los recortes presupuestarios según lo prometido en su campaña electoral.
Primero, el anuncio de despidos masivos de unos 30 mil empleados públicos para reducir la nomina estatal, luego el Proyecto de Ley número 6, sometido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, que aboliría el cargo y la oficina de la Procuradora del Paciente, dentro de una sospechosa nube de conflictos de intereses. Ahora, el anuncio de desmedidos recortes presupuestarios a siete de las entidades públicas que promueven la cultura en Puerto Rico y que podrían hacerles perder hasta el 60 por ciento de sus fondos.
Según los propuestos recortes presupuestarios para el año fiscal 2009-2010, Fortuño está recomendando un 77.2 por ciento a la Corporación de Artes Musicales, 76 por ciento al Conservatorio de Música, 71 por ciento a la Escuela de Artes Plásticas y 66 por ciento al Centro de Bellas Artes. También propusó un recorte de 55 por ciento a la Oficina Estatal de Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas y 52 por ciento al Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Es un tanto abrumadora y confusa la estrategia que estos gigantescos monolitos político-partidistas, que conforman al Partido Nuevo Progresista, están desarrollando y con qué propósito lo hacen. Pareciera que desean desestabilizar la infraestructura del país con la excusa de levantar la economía - a la cual siempre hacen la salvedad que fue otro monolito político-partidista quien la llevó a la perdición - y lograr imponer la estadidad como la única solución viable.
Derogar el presupuesto para agencias que resguardan el patrimonio nacional bien podría tomarse como una acción de sabotaje a nuestra identidad.
Más aún, el no fomentar el desarrollo de las artes y la cultura en un país asediado por el crimen, fruto del ocio y la pésima educación, sería como firmar un pacto con el diablo para la destrucción total de las mentes productivas que quedan en nuestro país.
Pero es nuestra culpa. Sí, lo es.
Somos totalmente permisivos en nuestra actitud colectiva.
No nos basta con haber permitido que los recalcitrantes fundamentalistas criollos hayan socavado todo indicio de intelectualidad en nuestro país tildándola de obscena y subversiva.
No nos basta con haberles permitido arrastrar a esta sociedad a un callejón sin salida infraestructural donde hay más iglesias por milla cuadrada que escuelas y hospitales.
Con haber sido conformes con la falta de servicios primordiales de salud, educación y seguridad en nuestra búsqueda de parecernos más a una nación con una indeleble diferencia cromosómica y un gobierno corporativo.
Ahora le damos luz verde a estos elementos para que destruyan lo poco que nos queda.
Hay maneras y hay maneras
Considero que existen otros modos de recaudar los fondos necesarios para mantener a flote la economía:
¿Porqué no se crea un impuesto obligatorio de un porciento justo a iglesias y otras entidades religiosas -sean de la religión que sean- para colaborar con la situación?
Esto, partiendo de la premisa de que todos tenemos que aportar nuestro "granito de arena" para mejorar la calidad de vida, y estas instituciones "sin fines de lucro" engordan sus arcas mercadeando con la superstición de la mayoría y no aportan absolutamente nada a la sociedad en que vivimos.
¿Porqué no se le impone un sueldo básico a los legisladores y funcionarios gubernamentales, permitiéndoles "completar la quincena" con los ingresos de sus prácticas privadas?
Legislar no es un derecho divino -tipo feudalismo medieval- sino un privilegio y para legislar o servir públicamente no es necesario fungir en labores a tiempo completo.
¿Por qué no se establecen programas de rehabilitación y trabajo en el sector agrícola utilizando a los miles de adictos que deambulan por las calles y que aún están en edad productiva?
En el área metropolitana solamente existen alrededor de 6 mil deambulantes -según estadísticas del Departamento de Salud-, muchos de ellos jóvenes que muy bien el gobierno pudiera utilizar para desarrollar esa industria. Puerto Rico no es un país sostenible por sí mismo. Frecuentemente importamos alimentos que pueden ser producidos localmente pero que no lo son por la supuesta falta de mano de obra.
Los recortes que esta administración está llevando a cabo son testimonio de la falta de dirección, liderazgo y compromiso de todos los políticos que han regido al país durante los últimos 40 años.
Políticos que, en vez de concretar soluciones que beneficien al país entero, se enfocan en defender sus intereses -ya sean personales o ligados a la corporación- para su lucro personal.
En una democracia es el pueblo quien debe decidir su destino y quien debe escoger inteligentemente a quienes lo rigen. Si no tomamos las riendas de ese destino, no habrá gobernante, ni partido político, ni superpotencia mundial que pueda salvarnos de la catástrofe.
En un futuro no muy lejano, estaríamos bajo la inminente amenaza de convertirnos en una suerte de Tercer Reich Criollo.
Entradas
